Por: Marino Rafael Minaya
En un giro inesperado, el comunicador dominico-estadounidense Ángel Martínez, conocido como “El Detective”, emitió disculpas públicas a diversas autoridades dominicanas tras su arresto en Puerto Plata. Conocido por sus denuncias en redes sociales contra figuras públicas, ahora enfrenta cargos por difamación, libelo, y es investigado por presunta extorsión y delitos financieros. El caso ha reactivado el debate sobre los límites de la libertad de expresión y una polémica propuesta legislativa que busca regular el discurso digital, conocida como “ley mordaza”.
𝗔𝗥𝗥𝗘𝗦𝗧𝗢 𝗘𝗡 𝗣𝗨𝗘𝗥𝗧𝗢 𝗣𝗟𝗔𝗧𝗔
Martínez fue detenido al arribar al puerto de la ciudad de Puerto Plata a bordo del crucero MSC World America, tras una orden emitida en 2021 por incomparecencia ante demandas por difamación. Entre los querellantes figuran el diputado Sergio “Gory” Moya y el presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL), Guido Gómez Mazara.
Algunos medios señalan que la detención se habría producido en aguas internacionales, lo cual ha levantado cuestionamientos jurídicos. Martínez afirmó que fue tratado como un “terrorista”, alegando que se desplegó un operativo con helicóptero y personal militar. Asegura que estuvo esposado por 24 horas, sin alimentos ni medicinas, y que sus dispositivos con material sensible le fueron confiscados.
𝗗𝗜𝗦𝗖𝗨𝗟𝗣𝗔𝗦 𝗔 𝗙𝗨𝗡𝗖𝗜𝗢𝗡𝗔𝗥𝗜𝗢𝗦 𝗗𝗢𝗠𝗜𝗡𝗜𝗖𝗔𝗡𝗢𝗦
En una entrevista difundida por diversos medios, Martínez expresó su rendición: “Estoy vencido, no puedo luchar contra tanto poder”. Ofreció disculpas a:
𝗣𝗥𝗘𝗦𝗜𝗗𝗘𝗡𝗧𝗘 𝗟𝗨𝗜𝗦 𝗔𝗕𝗜𝗡𝗔𝗗𝗘𝗥: Agradeció al mandatario y al director del DNI por garantizar su integridad física.
𝗙𝗔𝗥𝗜𝗗𝗘 𝗥𝗔𝗙𝗨𝗟, ministra de Interior y Policía: Le pidió perdón públicamente, reconociendo que fue injusto con ella en el pasado.
𝗬𝗘𝗡𝗡𝗜 𝗕𝗘𝗥𝗘𝗡𝗜𝗖𝗘 𝗥𝗘𝗬𝗡𝗢𝗦𝗢, procuradora general: Le ofreció disculpas por declaraciones pasadas.
𝗥𝗔𝗤𝗨𝗘𝗟 𝗣𝗘𝗡̃𝗔, vicepresidenta de la República: Reconoció que sus palabras hacia ella no fueron apropiadas.
𝗠𝗜𝗟𝗔𝗚𝗥𝗢𝗦 𝗚𝗘𝗥𝗠𝗔́𝗡 𝗬 𝗦𝗨 𝗛𝗜𝗝𝗔, Milagros Marina: Se retractó de declaraciones y ofreció eliminar contenidos.
𝗘𝗗𝗨𝗔𝗥𝗗𝗢 𝗘𝗦𝗧𝗥𝗘𝗟𝗟𝗔 𝗬 𝗔𝗡𝗨𝗟𝗙𝗢 𝗚𝗨𝗧𝗜𝗘𝗥𝗥𝗘𝗭: Se comprometió a eliminar videos y pidió perdón.
Recalcó su disposición a borrar cualquier contenido que haya causado ofensa si así se lo solicitan.
𝗔𝗟𝗘𝗚𝗔𝗖𝗜𝗢𝗡𝗘𝗦 𝗦𝗢𝗕𝗥𝗘 𝗚𝗜𝗟𝗕𝗘𝗥𝗧 𝗕𝗜𝗚𝗜𝗢
Martínez asegura tener evidencia visual del empresario haitiano Gilbert Bigio reunido con ciudadanos iraníes y paquistaníes en Puerto Plata. Afirma que estas imágenes le fueron entregadas por informantes y podrían estar vinculadas con actividades de seguridad nacional. Bigio ha sido sancionado por Canadá por supuestos vínculos con pandillas en Haití. A pesar de ello, no existen reportes independientes que verifiquen las reuniones descritas por Martínez.
𝗖𝗢𝗡𝗧𝗘𝗫𝗧𝗢 𝗟𝗘𝗚𝗔𝗟 𝗬 𝗔𝗖𝗨𝗦𝗔𝗖𝗜𝗢𝗡𝗘𝗦
Además de los procesos por difamación, enfrenta una investigación por extorsión, lavado de activos y fraude. Su abogado, Carlos Mesa, ha anunciado que recurrirá las medidas impuestas, incluyendo la prohibición de salida y presentación periódica, por considerarlas desproporcionadas.
Respecto a cuestionamientos sobre su estatus de detective, Martínez mostró una presunta licencia válida hasta 2026. Sin embargo, reportes como los de *remolacha.net* afirman que no se encuentra registrada oficialmente en Estados Unidos.
𝗗𝗘𝗕𝗔𝗧𝗘 𝗦𝗢𝗕𝗥𝗘 𝗟𝗔 “𝗟𝗘𝗬 𝗠𝗢𝗥𝗗𝗔𝗭𝗔
El caso ha coincidido con el debate legislativo sobre una propuesta de ley que regula la libertad de expresión digital. Esta ha sido catalogada por periodistas y defensores de derechos como una “ley mordaza”. Algunos sostienen que casos como el de Martínez sirven como excusa para justificar dicha legislación. Mientras tanto, el Senado estudia una ley orgánica que afectaría a medios audiovisuales y plataformas digitales.
𝗜𝗠𝗣𝗟𝗜𝗖𝗔𝗖𝗜𝗢𝗡𝗘𝗦 𝗬 𝗥𝗘𝗔𝗖𝗖𝗜𝗢𝗡𝗘𝗦
La opinión pública se ha dividido: mientras unos consideran que se le está coartando su libertad de expresión, otros critican la forma irresponsable con que ha acusado sin pruebas. Martínez agradeció el respaldo de periodistas como Ricardo Nieves y Rafael Linares, así como el acompañamiento legal de Amadeo Peralta y Carlos Mesa. Sin embargo, reconoció sentirse vulnerable y rodeado de amenazas, afirmando: “Estoy al borde de un precipicio”.
El desenlace de su situación judicial será crucial para determinar los límites entre la libertad de expresión, la responsabilidad digital y la protección de la reputación en la República Dominicana.