“Que sirva esto de registro: Rhonita y cuatro de mis nietos están acribillados y quemados en un camino cerca de La Mora”, narra en inglés una voz quebrada.
Su dueño, Kenneth Miller, fue de los primeros en llegar a la escena de una de las más brutales masacres que ha visto la zona fronteriza de México con Estados Unidos en tiempos recientes.
El ataque, perpetrado el 4 de noviembre de 2019, acabó con la vida de tres mujeres y seis niños de entre 8 meses y 12 años pertenecientes a una prominente comunidad mormona asentada desde hace décadas en los estados norteños de Chihuahua y Sonora.
A pesar de los cinco años transcurridos desde los asesinatos, las hipótesis construidas y las decenas de arrestos llevados a cabo, el caso continúa plagado de interrogantes.
La herida de las familias LeBaron, Langland y Miller sigue en carne viva, y, al tiempo que exigen justicia, se agarran al mensaje de resistencia que el más vocal de sus miembros, Julián LeBaron, le lanzó ya a BBC Mundo la misma semana de la tragedia.
“No nos vamos a ir. Aquí nacimos, es nuestro país y no se lo vamos a entregar a unos delincuentes”, repiten hoy, mientras llaman a los más de 140 millones de mexicanos a “asumir también su responsabilidad” y a sumarse a la reivindicación para “liberar al país de la violencia”.
“Se cruzó una línea”
Así le quedaron también a Pérez Osorio, el director de “LeBaron, muerte en la tierra prometida”, una producción de N+ Docs y Filmadora Documental que se estrenó el 1 de noviembre en ViX y está también disponible en Amazon Prime.
“Cuando supe del ataque, pensé que se había cruzado una línea como nunca antes”, le dice a BBC Mundo.
“Me pasé el día con la tele prendida, siguiendo todo lo que pasaba, porque a tiempo real se estaban generando todo tipo de hipótesis, de mitos, de rumores sobre quiénes eran los atacantes, por qué los habían atacado, quiénes eran las víctimas”.
Ante la indignación generalizada, las autoridades mexicanas no tardaron en salir al paso y ofrecer una versión oficial de los hechos.
En una rueda de prensa, el entonces secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, explicó que había varias organizaciones vinculadas al tráfico de drogas que aspiraban a dominar el territorio en el que tuvo lugar la masacre, uno de ellos relacionado con el poderoso Cartel de Sinaloa.
El convoy de camionetas en el que viajaban las mujeres y niños “pudo haber sido confundido por los grupos que se disputan el control de la región”, dijo el funcionario, subrayando lo que cinco años después sigue siendo la hipótesis principal.
Al tener las víctimas doble nacionalidad, pronto llegó también la reacción del presidente de EE.UU., Donald Trump, quien a través de la entonces Twitter ofreció ayuda a México “para barrer a esos monstruos”.
“Estados Unidos está listo, dispuesto y es capaz de involucrarse y hacer el trabajo de manera rápida y efectiva”, insistió el republicano en la red social.
A lo que su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, contestó con un contundente: “No necesitamos de gobiernos extranjeros para resolver estos casos”.
Eran tiempos en los que la inseguridad relacionada con el narco ocupaba más titulares que de costumbre.
Apenas habían pasado tres semanas desde el 17 de octubre, cuando un tiroteo en la capital sinaloense de Culiacán que involucró al Cartel de Sinaloa llevó a las autoridades a liberar a Ovidio Guzmán, hijo del capo de la droga convicto Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Así, en medio de aquellos sucesos violentos insólitos, hubo voces que cuestionaron la versión oficial sobre la emboscada a los LeBaron, Langford y Miller.
Y también aquellos que día tras día, en platós de televisión y artículos de opinión, se preguntaron si no habría sido aquella comunidad mormona realmente el blanco del ataque desde el inicio.
Al fin y al cabo, la familia tenía un historial de encuentros violentos con las organizaciones criminales. Ya en mayo de 2009 Erick LeBaron, un joven de 17 años, fue secuestrado y liberado con vida ante la resistencia de la comunidad a pagar el rescate y la presión pública.
No corrió la misma suerte Benjamín LeBarón, quien dos meses después, en julio, fue ejecutado en su casa junto a su cuñado Luis Widmar por un grupo de sicarios.
Todo ello lo aborda la serie documental, y también abarca la tensa relación de la familia con otras comunidades de la región, que hablan de enfrentamientos por los recursos hídricos usados para los campos agrícolas en la frontera.
“La razón principal de que nos hayamos abierto y compartido información (sobre lo ocurrido el 4 de noviembre de 2019 y desde entonces) es porque casi todas las víctimas en México son revictimizadas por las instituciones y la misma sociedad”, dice al respecto Julián LeBarón, enmarcando el suceso que destrozó a su familia en un contexto mucho más amplio de inseguridad.
