Este lunes entra en vigencia la Ley 74-25, que establece el nuevo Código Penal de la República Dominicana, poniendo fin a un extenso proceso legislativo marcado por intensos debates, protestas ciudadanas y modificaciones impulsadas por distintos sectores de la sociedad.

La nueva legislación comienza a aplicarse una vez concluido el período de vacatio legis, incorporando nuevas figuras delictivas y endureciendo las sanciones para diversos crímenes.

Entre las principales novedades se encuentra el aumento de la pena máxima de prisión a 40 años, que podrá alcanzar hasta 60 años en caso de acumulación de condenas. Además, el Código tipifica delitos como el feminicidio, la violencia intrafamiliar, el sicariato, el terrorismo, la corrupción, la discriminación, los delitos tecnológicos y establece sanciones específicas para quienes cometan ataques con sustancias corrosivas, conocidas como «ácido del diablo».

La aprobación de la normativa estuvo precedida por una ola de manifestaciones durante el mes de julio. Organizaciones sociales, periodistas y ciudadanos protestaron en distintos puntos del país. En especial, en la Plaza de la Bandera, al considerar que algunos artículos atentaban contra la libertad de expresión. Debido a esta razón calificaron el proyecto como una «Ley Mordaza».

A las protestas también se sumaron gremios médicos. Estos advirtieron sobre posibles implicaciones de algunos artículos relacionados con el ejercicio profesional y la atención a los pacientes.

Como resultado de las observaciones presentadas por diversos sectores, el Congreso Nacional introdujo más de 70 modificaciones al texto original. Entre los cambios más relevantes figura la eliminación de penas de prisión por difamación e injuria en el ejercicio periodístico. También la revisión de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y ajustes a las sanciones por perjurio.

Las modificaciones fueron estudiadas por una comisión bicameral y una subcomisión legislativa, luego de que el Poder Ejecutivo remitiera varias propuestas de reforma.

Además, mediante el Decreto 507-26, el Gobierno creó una comisión de seguimiento y socialización del nuevo Código Penal, con el objetivo de supervisar su aplicación, evaluar su impacto y proponer futuras mejoras si fueran necesarias.

El ministro de Turismo, David Collado, afirmó que su principal objetivo en la World Travel Market (WTM), que inició este martes aquí, es aumentar la conectividad aérea con Europa, que representa el 22 por ciento de los turistas que visitan República Dominicana.

Al hablar en el acto inaugural del stand dominicano en esa importante feria turística mundial, el ministro Collado dijo que aumentar la conectividad aérea con este continente es la mejor garantía de que más turistas europeos seguirán escogiendo a República Dominicana como su destino favorito de larga distancia.

“Europa representa el 22 por ciento de los turistas que visitan nuestro país y de esos, el mercado más pujante es el inglés”, indicó el funcionario.

La delegación dominicana que participa en la WTM, que se extenderá hasta el jueves, está integrada por más 25 copatrocinadores, así como, los principales bancos y otros actores del turismo dominicano.

Tras el corte de cinta, además del ministro Collado en la actividad habló la embajadora dominicana en Inglaterra, Rosa Hernández de Grullón, quien destacó el crecimiento y la diversificación de turismo dominicano.

Manifestó que seguirá haciendo su mejor esfuerzo para garantizar que más turistas ingleses siguen visitando República Dominicana.

La WTM es una de las ferias turística más importantes del mundo y principal de Inglaterra.

En esta edición 45 de la WTM participan más de 4 expositores de 182 países.

En la víspera del inicio de la feria, el ministro Collado realizó un Roadshow con la presencia de cientos de tour operadores, líneas aéreas y agencias de viajes del mercado inglés, donde destacó la belleza del país caribeño.

Las dos iniciativas buscan colocar a la República Dominicana entre los países avanzados que tienen leyes para proteger a las víctimas y testigos y una legislación especial en contra del crimen organizado.

La tarde de este martes el presidente de la República, Lusi Abinader, introdujo en el Congreso Nacional, vía el Senado de la República, dos iniciativas legales encaminadas a fortalecer el marco jurídico penal de la República Dominicana.

Se trata del proyecto de ley sobre persecución y judicialización de las organizaciones criminales y el proyecto de ley de atención, representación legal y protección a víctimas, testigos y sujetos en riesgo.

En el mensaje de remisión se afirma que la primera iniciativa responde a uno de los principales desafíos de la región y de nuestro país, esto es, el combate al crimen organizado en sus distintas manifestaciones, con el propósito de garantizar la integridad del Estado Social y Democrático de Derecho.

En consecuencia, la ley propuesta tiene por objeto establecer reglas efectivas para la detección, persecución, judicialización y sanción de los hechos de criminalidad organizada tipificados en la misma, de conformidad con los estándares internacionales.

La pieza es categórica al tipificar la organización criminal como dos o más personas que integran, constituyen o promueven una organización con reparto de tareas o funciones, con miras a obtener directa o indirectamente un beneficio económico o de cualquier índole para sí o para terceros, a través de la comisión de una serie de delitos, tales como lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva; terrorismo; tráfico ilícito de migrantes y trata de personas; tráfico de drogas y sustancias controladas; tráfico ilícito de armas, municiones y materiales relacionados; comercio ilícito y contrabando; secuestro; tráfico y comercialización de órganos humanos; soborno transnacional; tráfico y explotación de niños, niñas y adolescentes; delitos financieros; delitos medioambientales; sicariato; delitos de alta tecnología.

También se tipifican delitos relativos a grupos estructurados de poder, conspiración, tráfico de influencia, compras y contrataciones fraudulentas, estafa masiva, sicariato y obstrucción de justicia.

la segunda iniciativa responde a la realidad social de exclusión y desprotección sufrida por las víctimas, los testigos y los sujetos en riesgo ante la comisión de un hecho delictivo, debido a cuestiones socioeconómicas que obstaculizan su acceso a la justicia, así como a la falta de un marco jurídico que regule integralmente la atención, representación legal y protección de estas personas.

En consecuencia, la ley propuesta tiene por objeto reconocer y garantizar los derechos de las víctimas, los testigos y los sujetos en riesgo, así como regular el otorgamiento de las medidas de protección y atención en provecho de estos.

De aprobarse esta iniciativa del Poder Ejecutivo, la cual constituiría un significativo avance para la legislación moderna del país, se estaría cumpliendo con una deuda histórica en favor de la equidad de garantías que debe primar entre el imputado y la víctima en un proceso judicial, al satisfacerse el mandato constitucional de asistencia legal gratuita a personas que carezcan de los recursos económicos para obtener una representación judicial de sus intereses, particularmente para la protección de los derechos de la víctima.

En la nota de prensa circulada por la Presidencia de la República se reafirmó el compromiso del Gobierno y particularmente de la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo en continuar trabajando en las reservas de ley pendientes desde la reforma constitucional del año 2010, a la par de las derivadas de la Constitución recién proclamada el 27 de octubre de 2024.

Los dos proyectos recién depositados en el Congreso Nacional forman parte de un conjunto de iniciativas que el Poder Ejecutivo ha venido trabajando de la mano del Ministerio Público, con el propósito de fortalecer el marco jurídico de las políticas del Estado contra la criminalidad.

Se recuerda que en octubre del año pasado el presidente de la República también introdujo en el Congreso dos importantes proyectos de ley sobre violación y traspaso ilícito de la propiedad inmobiliaria pública o privada y sobre el secuestro en todas sus modalidades. Ambos están siendo conocidos actualmente por el Senado de la República.